Fotografía Polo Gómez
México D.F. a 19 de mayo del 2010.
Mucha víscera hemos gastado desde la mañana del 17 de mayo del 2010 porque el Ejecutivo Federal presentó su decreto por el que se establece el 17 de mayo como el “Día Nacional de la Tolerancia y el respeto a las preferencias” en lugar de decretarlo como “El día Nacional de Lucha contra la Homofobia”. De fondo lo grave no es solo el nombre, que jerarquiza la normalidad versus la anormalidad, sino que no implementa ninguna obligatoriedad por parte del Gobierno en la atención e implementación de políticas públicas que resuelvan el problema social de fondo.
Por supuesto que las voces de algunos movimientos sociales no se hicieron esperar el feminista, las y los jóvenes universitarios, algunos de derechos humanos y desde luego las y los activistas por los derechos del sector Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI).
Comenzaron a levantarse los dedos para señalar responsables, culpables, cómplices… sin embargo podemos mirar el acontecimiento con una mayor profundidad y de esa forma fortalecernos en la lucha social implementando acciones más eficaces en el arduo combate a la discriminación por Homofobia, Lesbofobia y Transfobia.
El Ejecutivo Federal no traiciona ni sus principios ni a sus aliados, puesto que el mensaje que ha dejado a la sociedad mexicana es clarísimo. La Homofobia no será combatida desde el aparato Gubernamental Federal, ya que de ninguna manera hará el reconocimiento pleno de derechos a las personas con una orientación o preferencia sexual distinta a la heterosexual. De igual forma se continuará promoviendo a la “familia tradicional” como el núcleo social que preserva los “valores morales”, y de ninguna manera traicionará los compromisos adquiridos con la Iglesia Romana en el “encuentro de familias” al que asistió el presidente de México en el año 2009.
Es tan claro como el agua que la “Acción de Inconstitucionalidad” promovido por la PGR en México en contra de las reformas de ley al código civil en el Distrito Federal en donde se reconoce el derecho al matrimonio y al concubinato a las parejas integradas por personas del mismo sexo en el Distrito Federal, es una muestra de la postura del Ejecutivo Federal al tema de la Homofobia.
El problema de raíz no es la Homofobia de Estado, sino el poder que ejercen los Homofóbicos conservadores que le dan línea a quien dirige o dice dirigir este país; para quienes la discriminación por homofobia, lesbofobia, transfobia y misoginia no es un tema que deba ser atendido con políticas públicas a favor de los homosexuales y lesbianas en México, sino por el contrario pretenden seguir segregándonos sin reconocer nuestra dignidad y derechos ciudadanos en plenitud.
El mensaje es claro y abierto. La Homofobia no será combatida de ninguna manera por el aparato de gobierno encabezado por el Partido Acción Nacional. De imaginar que así podría ser, en este momento sería suspendida la campaña promovida por las asociaciones religiosas, el partido azul y los grandes empresarios que financian la campaña de “uno más una” que con muchos millones de pesos se promueve las 24 horas del día por las radiodifusoras más escuchadas en nuestro país sin que nada ni nadie se los obstaculice ni se pronuncie en su contra a pesar de ser una acción eminentemente discriminatorio.
De haber sido reconocida la homofobia como un problema social no hubiese sido necesario el decreto, basta con cumplir el Artículo 1º Constitucional, así como los tratados internacionales y convenciones firmados y ratificados por México en materia de combate a la homofobia y todas las formas de discriminación por orientación o preferencia sexual. Hubiese sido suficiente con armonizar las leyes existentes para garantizar la no discriminación y el acceso a la justicia.
No seamos ingenuos y No Bajemos la guardia, porque nuestros derechos no están garantizados; tener leyes publicadas y ratificadas no es sinónimo de poder ejercer los derechos como ciudadanas y ciudadanos en nuestro país. De ninguna manera los avances logrados en el Distrito Federal como el derecho al matrimonio, el concubinato o a la reasignación sexo-genérica son asuntos cerrados y consolidados.
Las fuerzas conservadoras en México poseen un arsenal que no dudarán en implementar para impedir el avance democrático y el reconocimiento a las libertades; para muestra basta el botón de la despenalización del aborto en los Estados en dónde hoy esta criminalizado y mantienen presas a las mujeres que, ejerciendo su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, han abortado en condiciones de riesgo a su salud y su libertad.
La doctrina con la que gobiernan desde el Partido Acción Nacional tiene una raíz, y se llama “Doctrina Social de la Iglesia” y que no es otra cosa que los preceptos, dogmas e ideología de la Asociación Religiosa que tiene su sede en Roma.
Cada vez que el Gobierno Federal responde o asiste a algún evento con los jerarcas de alguna institución religiosa, está haciendo política; cada vez que los gobernadores de algunos estados mexicanos comparten la mesa con algún representante eclesiástico, están haciendo política; cada vez que algún gobernador o miembro de algún nivel de gobierno asiste a la sede vaticana, está haciendo política; cada vez que el gobierno da concesiones o es omiso en el ejercicio de la ley que le obligarían a actuar en contra de alguna asociación religiosa, está haciendo política; y por supuesto cada vez que se niega el reconocimiento de algún derecho a algún sector de la población, el gobierno federal está haciendo política. En esta ocasión el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación es la manifestación palpable de la forma de hacer política en nuestro país, en donde el mensaje que ha dejado el Ejecutivo Federal de cara a la sociedad es más que claro “La homofobia no existe” y desde luego no hay que combatirla.
Quiero imaginar ¿que cara hubieran puesto los empresarios más representativos y poderosos de México si se hubiera declarado el 17 de mayo como “El día Nacional de lucha contra la homofobia”, y las acciones que eso hubiese significado?. El costo económico y político que eso hubiera cobrado, habría dejado sin apoyo al Ejecutivo Federal.
De lo que podemos estar seguros es que nuestros logros han sido duros golpes para los sectores más conservadores en México, a la estructura patriarcal y heterosexista, quienes se resisten a dejar de controlar la sexualidad, como una forma de sometimiento y de control social.
La consolidación democrática es una tarea pendiente en nuestra sociedad, y no será posible sin el reconocimiento de la diversidad, las libertades, la igualdad y la equidad que serán las herramientas con las que México cuente para Construir un México mejor y un lugar más digno en dónde vivir.
Judith M. Vázquez Arreola
Teóloga por la Universidad Iberoamericana
Lesbiana Feminista en pro de la Liberación.
Para leer más escritos de la autora ir a: http://conciudadana.blogspot.com/
e-mail: judithvazquez64@hotmail.com, editoreslaicos@prodigy.net.mx
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