Si ONG olvidan su papel social, se convertirán en “manejadoras de recursos”: académico

Los expertos Yesica Salas y Héctor Salinas. Foto: Antonio Medina

“Se nos ha olvidado que todos somos Estado, aunque no todos seamos gobierno”: Héctor Salinas
Christian Rea Tizcareño-enviado

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, noviembre 27 de 2009.
Si las organizaciones no gubernamentales (ONG) de lucha contra el sida olvidan que su papel es social, se corre el riesgo de que se conviertan en “manejadoras de recursos”, señaló hoy Héctor Miguel Salinas, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

En el último día de actividades del Tercer Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil con Trabajo en VIH/sida, el profesor universitario calificó de “amenaza” que las ONG dejen de “ser fieles” a su origen.

Los recursos que recibirá México por parte del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria serán importantes para realizar actividades de prevención del VIH en usuarios de drogas inyectables y hombres que tienen sexo con hombres; sin embargo, las ONG no deben soslayar que su papel es representar los intereses de la sociedad ante los gobiernos, recalcó el investigador.

Para Salinas, la sociedad civil organizada tiene el reto de incidir en las políticas públicas e impulsar procesos de rendición de cuentas. “Se nos ha olvidado que todos somos Estado, aunque no todos seamos gobierno”.

Comentó que ejercer discriminación es “políticamente incorrecto” y hay leyes que prohíben dicha práctica; sin embargo, quienes son disidentes sexuales habitualmente son objeto de la violencia social y gubernamental. Las y los no heterosexuales sufren agresiones que van desde el “comentario procaz” hasta los crímenes de odio. A esto se suma que el gobierno mexicano aún no ha decretado el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.

“Los recursos que vienen en camino” -76 millones de dólares- deben estar de lado de la no discriminación, los derechos humanos y la erradicación de la asociación disidencia sexual-enfermedad-contagios-perversidad, consideró.

México cuenta con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como con las Comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos. No obstante, estos organismos no tienen competencia para sancionar. Mientras tanto, las instituciones que se encargan de castigar los delitos, por ejemplo la Procuraduría General de Justicia, están alejadas de la sociedad, de manera tal que motivan una “profunda desconfianza ciudadana”.

Las reformas jurídicas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos aprobadas en más del 50 por ciento de los Congresos estatales de México representan una “amenaza latente”, un “preámbulo” para modificar las leyes federales y la Constitución. La respuesta de las ONG ante esta realidad “ha sido muy tímida”, lamentó.

Las ONG requieren hacer “una mirada introspectiva” y profesionalizarse. “La incidencia política se hace en el campo de la política, y quien no ocupa el lugar que le corresponde en el espacio público, deja ese espacio para que otros lo ocupen”, advirtió Salinas.