Igualdad matrimonial: No aceptemos imitaciones piratas*

Francisco Javier Lagunes Gaitán**
México DF, diciembre 21 de 2009.
Las leyes deben reconocer la realidad de lo que sucede en las vidas de los ciudadanos y ofrecernos la protección jurídica necesaria para que vivamos libremente nuestros propios proyectos de vida, sin discriminaciones, ni injerencias arbitrarias.

Actualmente ya existen familias diversas formadas por un sólo progenitor, o por parejas del mismo sexo. El derecho de coparentalidad (de que ambos compartan la guardia, custodia y patria potestad de los hijos de ambos) no es un privilegio especial, sino una garantía mínima de estabilidad y protección para los hijos que, en muchos casos, ya tienen de anteriores relaciones o por adopción individual. Los derechos en cuestión aquí son los derechos de estos niños, toda ley que los discrimine, que dificulte su acceso a la seguridad social y la salud, o que introduzca una inseguridad innecesaria sobre su sentido de pertenencia, es un abuso y una violencia intolerables.

En la discusión de la ALDF de los últimos días se ha propuesto un dictamen para una ley que abriría el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sería un paso importante hacia la igualdad que cualquiera pueda casarse, si así lo desea, sin que el estado se arrogue la facultad de decidir por nosotros con quién podríamos casarnos. Sin embargo, el dictamen viene con un candado añadido: prohibe la posibilidad de adopción (y por tanto impide la coparentalidad) por parte de las parejas del mismo sexo.

Los defensores de ese paquete legal dicen falsamente que el candado ese sería una minucia y nos invitan a aceptarlo tal como viene como un paso parcial en el avance de los derechos iguales para todos. La cláusula que prohibiría la adopción a las parejas del mismo sexo marca un retroceso gravísmo de los derechos de los capitalinos.

¿Cómo puede ser posible que los contrayentes de matrimonio pierdan derechos que ya tenían como solteros? Semejante abuso ilegal sería una forma de 'discriminación por estado civil', que ya está prohibida por en nuestra Constitución Política y en la Ley Federal para Prevenir la Discriminació n. Aceptar la propuesta con candado anti adopción sería injusto, avalaría el estigma y pondría por escrito en la ley la discriminació n de las personas por su orientación sexual. Aceptarlo como viene sería tanto como promover el prejuicio y el estigma de que las parejas del mismo sexo serían incapaces de criar hijos e hijas, y al impedir la coparentalidad se impide el acceso pleno a los derechos de los hijos que ya tienen esas parejas actualmente.

Los diputados de la ALDF deben ganarse el ingreso que reciben de nuestros impuestos legislando de manera responsable, y nunca con propuestas legales mal planteadas y que pretendan reducir los derechos de la ciudadanía. Las leyes discriminatorias y que perjudican los derechos de los niños no deben pasar en la ALDF.

*Publicado en el periódico La Prensa el sábado 19 de diciembre de 2009
**Activista y analista cultural: unitarius@gmail.com