enero 11 de 2010.
La jerarquía católica en México se ha negado sistemáticamente a reconocer la soberanía de nuestra Constitución. Se conduce como un Estado supranacional, con poderes plenipotenciarios derivados de una divinidad representada en la tierra por el Vaticano. Por lo mismo, no se siente obligada a someterse a ley terrenal alguna. Al lado de su doctrina milenaria y de supuesto origen divino, la Constitución aparece como una ley menor, transitoria y falible.
La Constitución mexicana establece claramente que las iglesias están sometidas a las leyes del país. El Artículo 130 prohíbe a los ministros de culto asociarse con fines políticos y señala que “tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”. Sin embargo, es ya una norma que los prelados católicos ataquen a instituciones, leyes, políticas gubernamentales y políticos que
no comulgan con su doctrina. Incluso han instigado a sus feligreses a desobedecer leyes que consideran “inmorales”, “abyectas” o “malignas”.
La Asamblea Legislativa del DF y las recientes reformas al Código Civil capitalino son el nuevo blanco de sus ataques. Saben que gozan de total impunidad para violar la ley, para lanzar sus campañas de odio y discriminación. Por ello, en la defensa de los recién aprobados matrimonios del mismo sexo está en juego no sólo el reconocimiento de un nuevo derecho sino también la defensa del Estado laico. Es decir, están en juego los fundamentos mismos de nuestras leyes.
*Publicado en el número 162 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 7 de enero de 2010.
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