El Estado mexicano tiene un doble discurso sobre derechos de las mujeres: AI

Critican organizaciones civiles que México dé explicaciones distintas a la ONU y a las habitantes del país Redacción NotieSe México DF, febrero 25 de 2009. “Mientras el Secretario de Gobernación rendía informe del gobierno mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en México, la Secretaría de Salud proponía cambios a la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia que ya estaba en proceso de publicación. Con esos cambios se desvirtúa la protección y la garantía de acceso a los servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual”. Así habló Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional México, de los arbitrarios cambios propuestos por el gobierno federal a la redacción de la Norma Oficial Mexicana 046.Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, en conferencia de prensa realizada ayer para denunciar el “doble mensaje” que el gobierno federal tiene en relación con los derechos humanos. “Este doble mensaje es un ejemplo más de una política adoptada por el gobierno mexicano a partir de la cual hay un abismo que separa el liderazgo fortalecido ante el exterior y la débil política implementada en el interior en materia de derechos humanos”. La conferencia de prensa dio cuenta de la evaluación que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo a México, proceso que se conoce como Examen Periódico Universal (EPU). En ese proceso, la ONU realizó al gobierno mexicano 83 recomendaciones, de las cuales un alto porcentaje se refiere al grave problema de discriminación y violencia contra las mujeres. En ese sentido, Marimar Monroy, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), opinó que los cambios que a último momento impulsó la Secretaría de Salud a la NOM 046, son cambios sustantivos que pretenden minimizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual a recibir servicios de salud y garantizar su operación en cada entidad federativa, dejan a discreción del personal médico la anticoncepción de emergencia e interrupción legal a un embarazo producto de dicha violación. Esta situación “pone de manifiesto la falta de voluntad política del gobierno mexicano para cumplir con las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha suscrito”. Estas obligaciones se refieren, entre otras, al Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de marzo de 2006, con motivo del caso Paulina, la joven de Baja California a quien se le negó un aborto por violación a pesar de que la ley lo permitía. El acuerdo firmado por el Estado mexicano ofreció garantías de no repetición del caso Paulina, y como parte de esa garantía está la actualización de la NOM sobre violencia. “Pareciera que para el Estado mexicano los derechos sexuales y reproductivos no existen, a pesar del reconocimiento constitucional en el artículo 4°”, dijo a su vez Elizabeth Plácido, de Católicas por el Derecho a Decidir. “En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no hubo una sola mención sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres al buscar interrumpir legalmente un embarazo producto de una violación”. Finalmente, Adina Barrera, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, dijo que en materia de aborto, con los retrocesos en las entidades de la República “hemos sido testigos de actuaciones omisas, negligentes y violatorias a los derechos sexuales y reproductivos por parte de las autoridades, cometiendo lo que Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia llama violencia institucional”.